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Un acto de violencia imperdonable


Por Dr. Daniel Cassola

Fernando Báez Sosa, de 19 años, fue asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell. Por el crimen hay once detenidos de entre 18 y 21 años todos oriundos de Zárate, provincia de Buenos Aires.

La autopsia al cuerpo de Báez determinó que la causa última de la muerte fue un golpe muy fuerte en la cabeza. Por los videos que maneja la justicia se podría tratar de una patada. También hay constancia de un golpe muy fuerte en la mandíbula.

En principio la causa estaba caratulada como “homicidio en riña”, mientras que ahora es “homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”. La pena máxima para ese delito es la reclusión perpetua.

Dentro del grupo de once detenidos resta determinar las culpabilidades. Quiénes le pegaron a Báez, quienes son cómplices y quiénes no están involucrados, si es que se aplica en algún caso.

Un “homicidio en riña” tiene penas mucho más leves. En este caso habría que probar que Báez también golpeó y agredió a los detenidos. No parece ser el caso. Las evidencias que  maneja la fiscalía indican que se trató de un ataque.

Báez habría sido atacado primero dentro de un boliche y luego, cuando los echaron a todos del local, fue rematado en la vía pública. Los videos caseros que se difundieron por los medios muestran que le continuaron pegando cuando, aparentemente, ya estaba muerto.

Todo este encuadre del hecho es sumamente importante para determinar el castigo que recibirán quienes sean encontrados culpables. Si se prueba que no hubo gresca sino un ataque en manada se descartaría la espontaneidad que es necesaria en una riña.

O sea no hubo una pelea entre dos personas o grupos por un motivo cualquiera sino un ataque premeditado. Y la alevosía estaría dada por el número (10 u 11 contra 1) y la violencia brutal a la que fue sometido Báez.

Si la fiscalía logra probar este encuadre los imputados pueden sufrir penas de reclusión perpetua, o sea 35 años de prisión con la posibilidad de salir en libertad luego de un informe positivo del establecimiento penitenciario y una resolución judicial.  

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