Reclaman que luego de 13 años se reglamente la ley contra el Chagas

Por Redacción Curar con Opinión

Más de quince organizaciones de la sociedad civil reclamaron que, luego de 13 años de vigencia de la Ley de Chagas, se dicte una reglamentación que haga efectiva su aplicación de forma igualitaria. “Es la enfermedad endémica más extendida en el país, pero desatendida por las políticas públicas”, explicaron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Esta es una problemática de salud socio-ambiental que en Argentina afecta a más de un millón y medio de personas que viven con el Trypanosoma cruzi, parásito que causa el Chagas. Se calcula que más de 7.3 millones de personas están expuestas al contagio por vectores (vinchucas) y cada año nacen 1500 niñas y niños con Chagas connatal. 

 “De estos últimos, tan solo el 30% accede al diagnóstico y, por consiguiente, a la posibilidad de recibir el tratamiento correspondiente que, en la niñez, puede tener hasta un 95% de efectividad”, indicaron las ONG.

Del mismo modo, expresaron en el comunicado enviado al Poder Ejecutivo que “de acuerdo a los datos de la Organización Panamericana de la Salud, entre los 21 países endémicos de Latinoamérica, Argentina tiene el mayor número de personas con Chagas”.

A través de la Ley 26.281, en el año 2007, el Congreso Nacional declaró de interés nacional la prevención y el control de todas las vías de transmisión del Trypanosoma cruzi, y estableció su carácter prioritario en las políticas del Ministerio de Salud. “Si bien 2007 y 2010 se redactaron borradores de reglamentación en el Ministerio de Salud de la Nación, éstos no fueron aprobados por el Poder Ejecutivo”, remarcaron. 

 “Aunque la ley es una norma operativa que garantiza los derechos de las personas afectadas, la falta de una reglamentación implica que todavía existen cuestiones técnicas de aplicación desigual y falta claridad sobre las obligaciones de las diferentes agencias del Estado”, argumentaron las organizaciones. 

Las principales falencias de las políticas públicas de Chagas fueron enunciadas por la Auditoría General de la Nación en sus informes de 2012 y 2018. Una clara consecuencia de estas carencias es el incumplimiento de la interrupción de la transmisión vectorial en las 19 provincias que el Estado había fijado para 2016 a través de su Plan Nacional de Chagas (2011-2016). Este compromiso fue asumido nuevamente en el marco de los 8 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2025.

Sin embargo, “las organizaciones de la sociedad civil son conscientes de la situación de crisis sanitaria mundial como consecuencia del Covid-19 y valoran los esfuerzos que se vienen realizando desde el Poder Ejecutivo en general y desde el Ministerio de Salud en particular, para salvaguardar la salud de la población en un momento en el que además se enfrenta una crisis económica”.

Por último, concluyeron que “debe ser prioritario concretar una reglamentación que detalle las obligaciones que recaen en las autoridades nacionales, provinciales y municipales que muestre la importancia de esta problemática socio-ambiental en la agenda de las políticas de salud del Estado nacional para avanzar en el control del Chagas y la garantía de los derechos de las personas afectadas”.

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