Por la crisis clínicas del interior buscan recortar prestaciones de alto costo

FUENTE: Prensa Asociación de Clínicas de Entre Ríos

Desde hace tiempo se habla de la crisis de la seguridad social, obras sociales y de los prestadores del servicio de salud.

Hoy, no solo se mantienen los problemas estructurales sino que se han agudizado y todos los esfuerzos realizados para que los responsables políticos de la Nación y de las Provincias tomen conciencia mediante la implementación de políticas activas para revertirlos han sido en vano.

De nada ha servido hacer hincapié en su objeto público, que se trata de mano de obra intensiva y de estar distribuidas en todo el territorio Nacional; inclusive donde no hay efectores públicos o complementando a los mismos.

Desfinanciación de las obras sociales por leyes que incluyen prácticas en el PMO sin el consiguiente financiamiento, medicamentos y prótesis de alto costo que se deben hacer frente sin la debida validación de eficiencia, judicialización de solicitudes, financiamiento dependiente sólo del aporte laboral son los principales factores que agravan el momento.

Como contrapartida: prestadores de la seguridad social con aranceles que no cubren sus costos operativos, alta presión impositiva sin relación con el objeto de las empresas de atención de la salud, fuerte aumento en el precio de los servicios de energía sin poder hacer economía en el consumo, cargas impositivas provinciales y municipales que los utilizan como método de recaudación y la falta del financiamiento adecuado y dirigido a este tipo de empresas, hacen peligrar el sostenimiento de cada establecimiento dedicado al cuidado de la salud.

A este panorama de base, se suman las altas tasas de inflación y la devaluación que afectan directamente la estabilidad y sustentabilidad de estas Pymes, manifestándose con faltantes y demoras de entrega de insumos estratégicos, dolarización de listas de precios, peores condiciones de compra, frente a la necesidad de reconocimiento de mejores salarios.

Como si lo mencionado fuera poco, se agrega la negativa de las obras sociales a otorgar aumentos que cubran los mayores costos, cobrándose en promedio, a precio histórico no antes de los 60 a 90 días, lo que disminuye aún nuestra capacidad de compra.

La realidad impone la necesidad de limitar todas las prestaciones, con mayor énfasis en las de alta complejidad que conllevan insumos y descartables de muy alto costo y cuyo desfasaje no es reconocido por las obras sociales, incrementando el impacto negativo sobre todo el Sistema Nacional de Atención de la Salud.

Hasta el momento no existen salidas ciertas en el corto plazo, por lo que manifestamos la necesidad de declarar la Emergencia del Sector que se ve castigado por atender a la Seguridad Social.

De manera urgente, el Gobierno Nacional y sus Estados Provinciales deben asumir la realidad y aplicar herramientas inmediatas y excepcionales que frenen la abrupta caída, mientras se diseñen e implementen las propuestas que permitan nuevamente garantizar el funcionamiento del Sector en defensa del paciente.

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