Pfizer contra Latinoamérica: la compañía pedía incluir embajadas, reservas y bases militares como garantía

Las negociaciones entre el gobierno argentino y otros de la región con la empresa estadounidense Pfizer, que junto a BioNTech desarrollaron una vacuna contra el Covid-19, no llegaron a buen puerto por las desmedidas exigencias corporativas, según reveló una investigación periodística.

Por Dr. Daniel Cassola

El Bureau of Investigative Journalism (en castellano, Buró de Periodismo de Investigación) es una organización sin fines de lucro con sede en Londres que trabaja en conjunto con distintos medios alrededor del mundo. En cooperación con el sitio peruano Ojo Público realizaron un informe sobre, en la mayoría de los casos fallidas, negociaciones entre Pfizer y distintos gobiernos latinoamericanos. Una de las principales conclusiones del trabajo es que Pfizer buscó “intimidar” a los funcionarios con los que se relacionó.

Hay distintos casos. En un país en el que llegaron a un acuerdo, que no se revela por acuerdos de confidencialidad (podría ser Chile, Uruguay o Colombia), los pedidos de la compañía llevaron a que el desembarco de la vacuna se demorara tres meses, con las consabidas consecuencias que eso tiene para la salud de la población. En Argentina y Brasil, directamente, no se llegó a un acuerdo. Con gobiernos que podrían considerarse muy distintos los dos países más importantes de América del Sur se toparon con el mismo problema: Pfizer pedía incluir activos soberanos como garantías ante posibles demandas. Los activos soberanos son los edificios de las embajadas que un Estado tiene alrededor del mundo, las bases militares y las reservas monetarias, que en el caso argentino se encuentran en el Banco Central.

Lo mismo ocurrió en Perú. Pfizer solicitó incluir cláusulas que eximen de responsabilidad a la farmacéutica por los eventuales efectos adversos de la vacuna, la demora en la entrega de los lotes, implementar todas las normas legales necesarias para cumplir con las obligaciones al proveedor frente a demandas futuras e indemnizaciones. Un funcionario que estuvo presente en las negociaciones del país anónimo, por su parte, describió las demandas de Pfizer como “intimidación de alto nivel”, y dijo que el gobierno sentía que estaba siendo “chantajeado” para acceder a vacunas. 

Pfizer ha estado en conversaciones con más de 100 países y organizaciones supranacionales, y tiene acuerdos de suministro con nueve países de América Latina y el Caribe: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. La mayoría de los gobiernos ofrecen indemnidad (exención de responsabilidad legal) a los fabricantes de vacunas de los que compran. Esto significa que un ciudadano que sufre un evento adverso después de ser vacunado puede presentar un reclamo contra el fabricante y, de tener éxito, el gobierno pagaría la compensación. En algunos países, las personas también pueden solicitar una compensación a través de otras estructuras sin ir a juicio.

Esto es bastante típico de las vacunas que se administran en una pandemia. En muchos casos, los eventos adversos son tan raros que no aparecen en los ensayos clínicos, y solo se hacen evidentes una vez que cientos de miles de personas han recibido la vacuna. El Ministerio de Salud argentino comenzó a negociar con la empresa en junio y el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con el director general de la empresa al mes siguiente. Durante las reuniones posteriores, Pfizer pidió que se le indemnizara por el costo de cualquier futura demanda civil. Aunque esto nunca se había hecho antes, el Congreso aprobó una nueva ley en octubre que lo permitía. Sin embargo, Pfizer no estaba contenta con la redacción de la legislación, según un funcionario de la oficina del presidente. El gobierno ofreció enmendar la ley existente para dejar claro que “negligencia” significaba problemas en la distribución y entrega de las vacunas. Pero Pfizer seguía sin estar satisfecha. Pidió al gobierno que modificara la legislación mediante un nuevo decreto y Fernández se negó.

«Argentina podría ofrecer compensación por los efectos adversos de la vacuna, pero no si Pfizer cometía un error», dijo el funcionario, que conoce en detalle las negociaciones. “Por ejemplo, ¿qué pasaría si Pfizer interrumpe involuntariamente la cadena de frío de la vacuna (de transporte y almacenamiento a -70C) y un ciudadano quiere demandarlos? No sería justo que Argentina pagara por un error de Pfizer”, ejemplificó. Además de los cambios en la nueva ley, la farmacéutica le pidió a Argentina que contratara un seguro internacional para pagar posibles casos futuros contra la empresa. A finales de diciembre, Pfizer hizo la petición que terminó con las negociaciones: que el gobierno pusiera sus activos soberanos (que podían incluir reservas de bancos federales, edificios de embajadas o bases militares) como garantía. 

Las vacunas son hoy como el agua en el desierto. Necesarias y vitales para proteger a la población y salir de la pandemia. Un mundo en crisis económica y social las necesita a toda costa, pero no a cualquier precio.

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