La vida, el aborto y el derecho

Por Dr. Daniel Cassola

El primer punto que es necesario discernir para discutir seriamente la legalización o no del aborto es establecer cuándo una persona es persona, y por lo tanto sujeto del derecho. De lo contrario, vamos a continuar moviéndonos en arenas contradictorias, en las que hay leyes que dicen una cosa y prácticas legales que incumplen lo que dicen las leyes.

Desde la medicina se puede aportar que durante todo el proceso reproductivo hay vida humana aunque esto no quiera decir que un espermatozoide, un óvulo o un gameto sean comparables a un ser humano que ya nació. Pero vida hay siempre, durante todo el trayecto.

Las leyes vigentes, por las cuales el aborto salvo excepciones es ilegal, apuntan a proteger la vida desde la concepción, es decir cuando el espermatozoide fecundó el óvulo. La Convención Constituyente de 1994, que trazó el marco institucional en el que vivimos actualmente, incluyó en la Constitución una serie de tratados de derechos humanos entre los que se cuenta el Pacto de San José de Costa Rica. Allí, el artículo 4, que lleva por título “Derecho a la Vida” establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

A su vez el Código Civil, vigente su nueva versión desde 2015, no aborda el aborto, tema que no le compete, pero sí normatiza el comienzo de la vida. Textualmente su artículo 19 dice lo siguiente: “Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción”.

Ahora bien, la primera contradicción la encontramos con prácticas que son legales pero que estarían contra el espíritu de estas leyes. Hay medicamentos abortivos, llamadas píldora del día después, que fuerzan la menstruación en la mujer provocando el desprendimiento del tejido donde ya puede haber anidado un óvulo fecundado. O sea, después de la concepción.

Algo similar sucede con los dispositivos intrauterinos (DIU), dispositivos plásticos que se colocan en el útero y que impiden que el óvulo fecundado anide. Es un paso anterior a la de las pastillas pero de igual manera la concepción ya sucedió.

Las normativas que en nuestra sociedad castigan a quienes atentan contra el derecho a la vida se encuentran en el Código Penal, y se da mediante la penalización del aborto y del asesinato. Pero las escalas de pena son diferentes. La máxima condena posible para un médico (o cualquier otra persona) que realiza un aborto con consentimiento de la embarazada es de 4 años de prisión. Si en el proceso la mujer muere la pena puede ascender a 6 años.

En cambio el homicidio se castiga con una escala que va de 8 años a reclusión perpetua, en consideración de las particularidades de cada caso. Incluso la tentativa de homicidio, o sea cuando hubo un intento de asesinato que por algún motivo fracasó, suele tener penas que rondan los 5 años, más severas que las que recibe un aborto.

El actual sistema legal es, en esta materia, contradictorio. Si extremamos la protección del derecho a la vida desde la concepción, sin necesidad de considerar la anidación en el útero, se puede considerar que los óvulos fecundados que las clínicas de reproducción asistida guardan en sus heladeras son seres humanos privados de su libertad. O, en el mismo sentido, se podría considerar que los embriones que mueren durante estos procesos son parte de un genocidio. Un verdadero disparate.

Por la discusión que se generó en su momento, y con el fin de avanzar en la sanción del Código, se postergó el tratamiento sobre lo que se puede o no hacer con los óvulos fecundados no anidados. En un apartado dice que habrá una disposición que trate el tema especialmente pero tal cosa nunca sucedió. La práctica, y la jurisprudencia, indican que los óvulos fecundados solo pueden utilizarse en procesos de fertilización asistida e investigaciones clínicas, que a su vez deben cumplir con una serie de estándares para llevarse a cabo.

Veamos un ejemplo que es tomado como parangón en la materia. En Costa Rica durante los años 90 el gobierno, por decreto, autorizó la fertilización asistida. Unos años más tarde otro gobierno volvió atrás con la medida bajo el argumento que la manipulación de embriones atentaba contra el derecho a la vida.

Las familias que querían llevar adelante los tratamientos llevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la instancia más alta a la que se puede recurrir, en estos temas, en nuestra región. La CIDH dictaminó que la protección de la vida se da de manera gradual e incremental.

Es decir que un óvulo fecundado, un embrión anidado, un feto y finalmente un bebé que nació pueden ser sujetos de distintos criterios. El criterio es que haya un balance con los derechos de las otras personas involucradas, por ejemplo, los hombres y mujeres que quieren recurrir a los tratamientos de fertilización asistida. En este caso la pregunta sería, ¿Qué derecho pesa más, el de un óvulo que se unió con un espermatozoide en una probeta o la de una pareja que quiere tener familia?

Es por eso que, en el caso de la legalización o no del aborto, es necesario determinar cuál es el derecho, si es que tiene, del embrión o el feto, en contraposición con una mujer embarazada que quiere abortar.

En un embarazo que transcurre con normalidad durante los primeros dos meses el embrión desarrolla las cavidades huecas que van a ocupar los futuros órganos, que en esta etapa apenas se presentan como vestigios. Ya durante el tercer mes el embrión pasa a ser feto, se define su sexo y los órganos se comienzan a desarrollar.

En el quinto mes de gestación los huesos y uñas del feto se han endurecido y pueden comenzar a percibirse las “pataditas”. Además los latidos del corazón son audibles con un estetoscopio. A partir del séptimo mes se puede dar un parto prematuro en el que el bebé tiene buenas chances de sobrevivir.

La descripción podría ser mucho más detallada pero no parece necesario abundar con una descripción biológica tan puntillosa. El punto es que hay que determinar en qué punto el ser humano en desarrollo empieza a ser sujeto de derecho, de qué derechos goza y, si las hubiera, cuáles son las excepciones que podría haber. Para la ciencia y la medicina está muy claro cuándo empieza y cuándo termina la vida, sus características y desarrollo, pero resta que la ley defina un parámetro claro para enmarcar un debate, que de otra manera, pierde sentido.

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