La crisis económica pone en riesgo a las clínicas y empresas de salud del sector privado

Por Dr. Daniel Cassola

La cámara de clínicas y empresas privadas de salud Adecra + Cedim publicó un informe en el que advierte por la frágil situación económica del sector ante la inflación y la devaluación.

En principio el estudio establece de dónde proviene lo que se gasta en salud. Del total de recursos que se asignan a salud en Argentina -estimados en, aproximadamente, el 10% del Producto Bruto Interno (PBI)-, el sistema público de salud aporta sólo un cuarto (2,5% del PBI), siendo los restantes recursos aportados por la seguridad social y las empresas de medicina prepaga (4,5% del PBI) y el gasto privado directo de las familias (3% del PBI).

Los financiadores de la salud son las entidades que reciben mensualmente los recursos de la salud y gestionan la compra de productos y servicios médicos para atender a su población bajo cobertura. Así, entonces, en la seguridad social, estas entidades son las obras sociales y, en la medicina privada, las empresas de medicina prepaga. Tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga compran los productos y servicios médicos a prestadores médicos.

Los prestadores médicos son los profesionales, los laboratorios y farmacias de medicamentos, los centros de diagnósticos y tratamientos ambulatorios, las clínicas y sanatorios privados y los hospitales públicos. Un primer aspecto, que usualmente pasa desapercibido para la mayoría de la sociedad y prácticamente la totalidad de la dirigencia política, es que aún cuando en Argentina el desarrollo de la red pública de prestadores de salud es muy importante, está lejos de ser la principal vía por la que los argentinos acceden a los servicios de salud.

En Argentina, el 60% de las instituciones de salud son privadas. El fenómeno no es nuevo, ni producto de ninguna “privatización” de la salud, sino el resultado natural de una historia institucional signada por el desarrollo de infraestructura sanitaria de la mano de empresarios y emprendedores médicos privados.

Un segundo aspecto, igualmente importante, es que dentro del sector privado las organizaciones con fines de lucro son la mayoría. El 95% son instituciones con fines de lucro que concentran el 87% del total de camas privadas que hay en el país. El tercer aspecto distintivo es que se trata, en su gran mayoría, de pequeñas y medianas empresas (PYME). El tamaño promedio de los establecimientos del país ronda las 50 camas por establecimiento.

Así, los financiadores institucionales del sistema de salud (obras sociales y empresas de medicina prepaga) compran mayoritariamente servicios médicos a los prestadores privados. Lo mismo ocurre con el gasto privado directo en salud que hacen las familias, que, en general, es destinado a prestadores privados. De esta forma, se puede decir que, prácticamente, el 75% de los recursos en salud son destinados a prestadores médicos privados para brindar atención médica al 70% de la población argentina.

Dos de cada tres pesos que gestionan los financiadores institucionales de la salud se dirigen hacia prestadores médicos privados. Sin embargo, existe un importante descalce entre el momento en que los financiadores institucionales reciben los recursos, sus afiliados reciben la atención médica y los prestadores reciben el pago por dichas prestaciones médicas.

Tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga reciben los recursos de aportes salariales y cuotas desde el mes de cobertura hasta 30 o 40 días después de la misma, según los convenios directos o desregulados que cada una de ellas posea. Las personas reciben las prestaciones médicas en el mes de cobertura. El prestador presenta la factura a la obra social y a la empresa de medicina prepaga terminado el mes de cobertura, que es cuando se otorgó la prestación médica.

Sin embargo, es práctica extendida, en el sector salud, que aquella factura por prestaciones brindadas por el efector se abone 90 o hasta 120 días después. Si hubiera inflación y tasas de interés bajas y estabilidad del dólar, como ocurre en países más normales –sin ir más lejos, Uruguay o Chile–, este descalce no sería un inconveniente, en la medida en que el ciclo de pago no se discontinúe. Pero, con alta inflación, alta tasa de interés y alta volatilidad cambiaria, el perjuicio para los prestadores médicos es enorme porque tienen gastos que no pueden diferir. Los salarios y cargas sociales, que representan el 74% de sus costos, deben ser abonados apenas termina el mes de cobertura, y los proveedores de insumos, que representan el otro 26% de los costos, exigen ser pagados no más allá de los 60 días.

Así, la inestabilidad económica genera riesgo sanitario desde el momento en que promueve la posibilidad de que, masivamente, quiebren prestadores médicos privados que, en el sistema de salud argentino, son mayoría respecto a los prestadores públicos. Es imposible que los prestadores públicos puedan contener la demanda sanitaria que hoy atiende el sistema privado de salud.

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